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El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha declarado “de urgencia” el procedimiento para aprobar la ordenanza municipal provisional, que evitará que los más de 10.000 propietarios que residen actualmente en complejos turísticos tengan que enfrentarse a multas por parte del Gobierno de Canarias, en virtud de la conocida como ‘Ley Turística 2013’.

Según informa el diario La Provincia, la decisión del consistorio grancanario ha sido acogida con júbilo por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) que, desde el citado año 2013, reivindica la compatibilidad de los usos turístico y residencial en complejos originalmente destinados al primero y ubicados en imporantes núcelos turísticos como Maspalomas o Playa del Inglés.

Una vez aprobada oficialmente la nueva ordenanza, más de 10.000 personas se beneficiarán de la medida al menos durante los dos próximos años, ya que es de carácter provisional, hasta que se modifique el Plan General de Ordenación del municipio, tal y como ha informado el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal.

De esta manera, ha reconocido el edil, esta declaración pretende dar una mayor seguridad jurídica a los vecinos cuyas parcelas tienen una ficha de ordenación en la que solo se establece la categoría de “apartamentos, casas vacacionales o bungalows”. Por tanto, el objetivo es “clarificar los usos turísticos y que en esas fichas se recoja también su compatibilidad con el uso residencial o segunda residencia”, ha añadido.

La patronal hotelera, en contra

La FEHT, patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, ya se pronunció en contra de este fenómeno hace dos años, cuando señalaron en un comunicado conjunto con los sindicatos CC. OO. y UGT que la residencialización en zonas turísticas “atenta contra el empleo y el interés general en el sector”. Ahora, han vuelto a pronunciarse al respecto, denunciando que la compatibilidad entre usos residenciales y alojativos en inmuebles turísticos dañará la imagen del destino Gran Canaria.